Mancomunidad de Prestación de Servicios de Aseo Urbano, o MANPRESA como es mejor conocida en el estado.
Últimamente hemos sido testigos de las diferentes denuncias hechas por radio y prensa por sus propios empleados, muchos comentarios que reflejan el descontento en la internidad de esta institución.
Es bien sabido para todos los que allí trabajan, bajo el mando de Rafael Salazar, ex alcalde de Antolín del Campo y hermano del contralor del estado,
que junto a su cuadrilla de hombres de confianza figuran otros ex alcaldes y algunos miembros del PSUV, pero, también existe la otra ala, la de el alcalde de la Península de Macanao, Miguel Angel Vásquez, este ultimo cuenta con hombres de confianza en la parte Administrativa y operativa.
Mientras dentro de la institución, todo se ha circunscrito a una lucha de poder interno entre estos personajes, los dependientes de MANPRESA son cada vez más olvidados, ejemplo es que esta institución socialista no cuenta con todo aquello que la Lopcymat exige. Empleados que trabajan día a día sin guantes, botas e incluso estribos en los camiones Tampoco cuentan con baños que les permita por lo menos ducharse para poder regresar a su casa usando el transporte público.
Pero esto es apenas el comienzo, a veces nos preguntamos, ¿que pasara ahora en el botadero de basura después de la muerte del compañero Goyo?.
Señor Salazar a veces los empleados se preguntan ¿porque la negativa de computarizar el pesaje de la basura?, esta basura que cuando se desecha se paga por peso, ¿acaso existe una conveniencia?, ¿quien gana cuando hay un sobrepeso?.
Expliquen a la comunidad ¿por qué de 13 camiones solo 8 están operativos?. ¿Por qué tantas unidades alquiladas, en vez de reparar las propias?. ¿Es cierto que la partida de alquiler aumento de Bsf. 200,000 a Bsf. 600,000?
Me parce bien que de 26 empleados la nomina hoy en esta administración tiene 144, me parecerá muy mal que fuesen cargos burocráticos creados a conveniencia de los directivos.
Doctor Salazar, los trabajadores y sobre todo el chofer es el más afectado en esta lucha de poder.
Hago esta publicación en uso de los derechos que la ley me concede definiéndome como ciudadano que ejerce la Contraloria Social amparada en la ley, y basándome en sentencia firme del TSJ donde tengo el derecho a exigir respuestas, y recordando que los nombres que aquí resaltan, lo hacen solo por ser funcionarios públicos al servicio del pueblo y me refiero a ellos como quienes dirigen la institución.
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